La gran estafa

El famoso caso de los decodificadores satelitales deja una serie de reflexiones.


Tome nota: hace cuatro años que los vendían en Zofri, por lo tanto, ingresaron frente a Aduana, la Brigada portuaria de la PDI y todos los organismos fiscalizadores. A ello se suma que su comercialización fue tan popular, que incluso técnicos y tiendas se especializaron en su instalación y venta de productos anexos, como extensiones o conectores. Del mismo modo, los decodificadores y antenas salían de la región por avanzadas y controles sin ser requisados.

Ahora nos enteramos que infringen la ley. Primero se informó que eran requisados por el uso de un chip, luego por el uso de un software y más allá del resultado final de la investigación, lo cierto es que fueron puestos en tela de juicio y el sistema penal consideró que están al margen de la ley, usando la fuerza pública para su decomiso.

Algunos dicen que era demasiado bueno para ser verdad, puesto que con tecnología barata se podía equipar a cualquier televisor con señales de todo el mundo, mientras que otros reflexionan sobre la libertad de las señales, la bendita ley de la oferta y demanda, y el hecho que los avances tecnológicos van más rápido que la redacción de las leyes.

Sin embargo, y hasta el momento, aquí estamos frente a una gran estafa. Es una estafa que involucra tecnología, ilusiones y el futuro de una marca. Esa marca no es la de los decodificadores, sino la de Zofri, la cual salió en todas las noticias como lugar de importación y venta de artículos al margen de la ley.

La estafa también dañó a miles de consumidores que adquirieron de buena fe y con boleta en mano el producto. Ese engaño es aún más preocupante por la reflexión que hace la fiscal del Ministerio Público a cargo del caso, quien indica que no importa que el producto sea adquirido en el comercio formal de la Zofri, puesto que ello “no asegura que se esté respetando el ordenamiento jurídico”.

Durante 4 años nadie fue capaz de velar por los miles de personas que se vieron involucradas gratuitamente en una estafa, la cual tiene como gran gancho la ilusión de reducir costos gracias a tecnología de bajo costo. Durante todo ese período nadie veló por la legalidad y eso es un escándalo, tanto por omisión como por desidia.

¿Quién puede asegurar que hoy no pase lo mismo con los perfumes, electrodomésticos, celulares y hasta el alimento que consumen los iquiqueños? Hay que recordar que de no ser por la querella de un tercero, los famosos “decos” todavía estarían a la venta, por lo tanto, hay una debilidad en el rol fiscalizador. ¿Qué pasaría si durante todos estos años usted estuvo usando un perfume dañino para la salud? Asimismo, ¿qué pasa con los importadores que traen productos falsificados? Estos mal llamados “empresarios” ¿estarán conscientes del daño que hacen?

Por todo esto, la estafa se extiende más allá de los decodificadores y debe ser aclarada prontamente, puesto que de seguro fijará un precedente no sólo en materia de propiedad intelectual, sino en cómo se abordarán los beneficios, administración y costos reales de la tecnología.

Iquique no puede ser sinónimo de piratería y el contrabando daña a todos.